La Autonomía Municipal

Después de la conversión del Castillo de Santa Clara en parador y residencia para extranjeros, en 1933 doña Carlota Alessandry Tettamanzy, propietaria de numerosas tierras de La Carihuela, decidió convertir su cortijo de Cucazorra en el Parador de Montemar, con siete habitaciones.

Después de la conversión del Castillo de Santa Clara en parador y residencia para extranjeros, en 1933 doña Carlota Alessandry Tettamanzy, propietaria de numerosas tierras de La Carihuela, decidió convertir su cortijo de Cucazorra en el Parador de Montemar, con siete habitaciones.

 

Ya en los 40, abrió sus puertas el hotel La Roca y en la década siguiente Torremolinos fue configurándose como pionero del turismo mundial y cuna del nacimiento de la hoy famosa Costa del Sol. Primero, "descubierto" por una élite de turistas provenientes en su mayoría de Inglaterra y, ocasionalmente, de Estados Unidos. 

Más tarde, a partir de 1959, con la inauguración del primer hotel de lujo de la zona, el Pez Espada, Torremolinos empezaría a acumular fama y proyección, hasta el punto de que, ya en los 60, contaba con 32 hoteles, con un total de unas 10.000 plazas, consolidándose como un gran destino turístico capaz de acoger a miles de visitantes. Fue el llamado "boom" turístico, que supondría la llegada de famosos del cine y del mundo del espectáculo, además de conocidas personalidades de la política del momento y destacados empresarios y hombres de negocio de todo el mundo quienes, encantados con sus estancias en la zona, se convertirían en auténticos pregoneros de las excelencias turísticas de Torremolinos que favorecerían que el hoy municipio lograra también consumar su papel de pionero del turismo en Europa. 

Durante los meses de verano, Torremolinos era el centro neurálgico de la "movida" nacional, con todo lo que ello suponía de popularidad y bullicio.

Pero este desarrollo espectacular, a finales de los 60, trajo también consigo la constatación, cada vez más evidente, de que Málaga no atendía mínimamente las necesidades de Torremolinos y las exigencias que comportaba su protagonismo turístico, poniendo en evidencia una nula respuesta a las cada vez más exigentes demandas de mejores prestaciones y servicios que, por otro lado, empezaban ya a ser realidad en otros municipios de la Costa del Sol. 

Surgieron, allá por 1968, las primeras inquietudes en pos de la independencia, que no se tradujeron en resultados efectivos al ser capitaneadas por una Junta Gestora de "notables" coordinada por el conocido abogado malagueño Victoriano Frías, en cuyo despacho se celebraban reuniones de no más de veinte personas nacidas o estrechamente vinculadas a Torremolinos, caso de Enrique Reyes de la Vega, Antonio Caffarena Martín y Pedro Fernández Montes.

El régimen dictatorial imperante en España, aunque en plena decadencia, vio siempre con recelo, cuando no negativamente, cualquier germen de proceso de segregación, aunque éste fuera en el ámbito municipal y estuviera previsto en la Ley. Por ello, fue relativamente fácil para quienes por entonces regían los destinos políticos de Málaga capital llevar a cabo las gestiones necesarias ante el Gobierno Civil para que se suspendiera, momentos antes de comenzar y por medios expeditivos, una asamblea constituyente prevista en el hotel Alay y donde tenían previsto dejar sentado muchos esperanzados vecinos su inequívoco sentimiento de independencia municipal.

La suspensión de este acto fue un verdadero escándalo, tanto por el fondo como por las formas, y provocó multitud de protestas y propósitos de continuar le "lucha" en pos de la constitución de una asociación promotora de la segregación. 

Pero se trataba de un proyecto débil en sus raíces. La mayoría de los "notables" promotores del movimiento no soportó la presión institucional ejercida para intentar paralizar el proceso y el deseo de seguir delante de muchos torremolinenses se dio de bruces con la conclusión de quienes, desde la Gestora, entendieron que "por el momento, es aconsejable no continuar".

En 1979, constituidos los ayuntamientos democráticos y con las expectativas generadas por la nueva situación democrática, algunos partidos recogieron en sus programas electorales el proyecto de independencia y Torremolinos vio nacer un gran movimiento ciudadano basado en dos motivaciones: por un lado, el sentimiento profundo de los ciudadanos de Torremolinos de querer recuperar su identidad como pueblo; por otro, el abandono a que estaba sometido por parte de Málaga que, pese a tratarse Torremolinos del pionero y líder turístico indiscutible en la Costa del Sol y España, no cubría las necesidades esenciales de una zona de estas características, propiciando un deterioro de la imagen que, por el contrario, iba al alza en otros municipios de la zona, por lo que Torremolinos quedaba abocado a un segundo plano.

NUEVE AÑOS DE INTENSA LUCHA 

Fueron nueve largos años de dura e intensa lucha que tuvieron como fecha de referencia la del 11 de julio de 1979, jornada de constitución formal, en el hotel Cervantes, de la Junta Gestora pro-Autonomía, en la que estaban representados todos los partidos políticos y movimientos ciudadanos y que aprobó la propuesta de Pedro Fernández Montes de redactar un Manifiesto que fijara las bases y la filosofía que habrían de regir el movimiento ciudadano y expresara los motivos explícitos de la demanda de segregación de Málaga, fijando además las "reglas del juego" en la iniciativa para evitar con ello la capitalización partidaria del movimiento.

Se pretendía, en todo caso, evitar caer de nuevo en los errores cometidos en 1968, cuando un movimiento similar fracasó por exceso de improvisación, falta de coordinación y unidad de criterios y, sobre todo, no haber contado con el conjunto del pueblo de Torremolinos.

El propio Pedro Fernández Montes aportó un borrador de Manifiesto formado por 14 puntos y que, sometido a deliberaciones y reducido a 12 únicos puntos, fue definitivamente aprobado el 16 de agosto de 1979, estableciéndose la fecha del día siguiente para que los partidos políticos y representantes de asociaciones y entidades rubricaran formalmente, en el mismo hotel Cervantes, el Manifiesto Pro-Autonomía de Torremolinos.

Se pretendía, por tanto, dar la máxima proyección pública al acto, considerado el verdadero punto de arranque de la consecución de la independencia a corto plazo, teniendo en cuenta que los partidos políticos firmantes contaban con una amplia mayoría en el Ayuntamiento de Málaga, lo que garantizaba a priori que, imponiéndose la coherencia política, el proceso seguiría su curso de forma rápida. 

Pero no fue así. El sorprendente cambio de actitud, en contra de lo mantenido hasta ese mismo momento, tanto del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como del Partido Comunista de España (PCE) de Torremolinos, se consumó en su negativa a firmar el Manifiesto, aduciendo "cuestiones de óptica, política interna y disciplina de partido" y anunciando su abandono de la Gestora.

Esta súbita transformación representó un duro revés para las aspiraciones de independencia, ya que PSOE y PCE contaban con la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Málaga, mientras el resto de formaciones y colectivos mantenían su postura y suscribían, como estaba previsto, el Manifiesto Pro-Autonomía de Torremolinos.

Nueve meses después de estas iniciativas, el movimiento contaba ya con 3.000 socios, de entre las 9.000 personas mayores de edad empadronadas entonces en Torremolinos, muchos de las cuales se sumaron, el 7 de junio de 1980, a la multitudinaria asamblea constituyente celebrada en la antigua plaza de toros, donde quedó conformada la Junta Pro-Autonomía de Torremolinos, cuya principal singularidad fue sin duda la co-presidencia de cinco personas: Eusebio Arribas Castillo, Manuel Campoy Hernández, Pedro Fernández Montes, Roberto Olarra Pappalardo y José Sánchez Escaño, siendo nombrado secretario José Ramón del Cid Santaella; vicesecretario, Antonio Abril de Toledo; tesorero, Domingo Avisbal Márquez; contadores, Antonio Caffarena Marín, Juan Montes Pinto, Francisco González Leal y Juan Vallejo Martín, y vocales, Salvador Alarcón Mercader, salvador Buendía Rodríguez, Francisco Cabrera Cerdán, Antonio Fernández Jiménez, José Fernández Montes, Manuel Flores Cruzado, Luisa Gimilio Amate, Rafael Gómez Martín, Antonio Gómez Quesada, Angeles Guerrero (viuda de Bóveda), Ernesto López Serrano, Antonio Muñoz de la Rosa, Lázaro Navarro Pérez, Gilberto Peña Ferre, Salvador Porras Canales, Manuel Rascón Medina, Francisco Rivera Márquez, Francisco Romero Avila, Francisco Tejada Gómez y José Isidro Villanueva, además de Isabel Manoja Serra, nombrada coordinadora.

La nueva Junta comenzó así una ardua tarea, cuya finalidad no era otra que demostrar fehacientemente las razones que justificaban la segregación . Para ello, había que adoptar primero una importante decisión: elegir al equipo profesional que llevara jurídicamente el proceso, teniendo en cuenta además los importantes costes económicos de una gestión de esta naturaleza. Finalmente, tras muchos contactos, se decidió encomendar dicha tarea al abogado granadino Antonio Tastet Díez, quien a la postre sería auténtico artífice jurídico de un trámite tan amplio y complejo, al que además se sumó de forma entusiasta, con honradez y enorme profesionalidad, méritos reconocidos hoy con el bautismo de una calle que perpetúa su memoria. 

En principio, los requisitos exigidos para obtener la condición de municipio se resumían en tres:

Territorio suficiente para desarrollar las actividades propia de un municipio, un aspecto éste superado básicamente al tener Torremolinos perfectamente delimitados con anterioridad, desde cuando era municipio independiente, su término municipal, por lo que se trataba de copiar el antiguo mapa del Torremolinos de 1924, actualizándolo con los nuevos barrios, distritos y urbanizaciones surgidas entre aquél año y 1980. 

Contar con la voluntad popular. Un aspecto fácil en apariencia, pero no tan sencillo en cuanto a su demostración jurídica, sobre todo teniendo en cuenta que la Ley no preveía la celebración de un referéndum, por lo que la única forma de acreditar esa voluntad popular era mediante la firma individualizada de un documento de apoyo a la segregación de Torremolinos de Málaga. La campaña a tal fin se inició el 15 de febrero de 1981 y, programada para tres meses, la Junta Pro-Autonomía hubo de prolongarla como consecuencia de que el censo oficial, revisado ese mismo año, se había ya incrementado en personas mayores de 18 años hasta los 12.000 habitantes, lo que significaba que, siendo necesario acreditar la "voluntad popular" en número superior al 50 por ciento de la población, el número de firmas exigible alcanzaba las 6.000.

Además, el PSOE, con una amplia mayoría en el Ayuntamiento de Málaga y un triunfo electoral en los colegios electorales de Torremolinos, inició desde la ejecutiva local liderada por Francisco Bóveda, a la sazón teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga, una campaña soterrada de oposición a la recogida de firmas que dificultaba aún más esta iniciativa y que motivó fuertes discrepancias en el seno del propio partido, en el que destacados dirigentes locales, como el anterior responsable en Torremolinos, Francisco Prieto Tejada, hoy ya no militante socialista, discrepó abiertamente de la postura impuesta por Francisco Bóveda, por considerar que ir contra la autonomía suponía una tradición a su propio pueblo.

Por su parte, el PCE, habiendo rehusado también a firmar el Manifiesto, no hizo campaña en contra de la recogida de firmas, dejando libertad a sus militantes, una decisión influida por Brenea Chaves, vecina de Torremolinos y entonces concejala del Ayuntamiento de Málaga.

Por fin, se superaron todos los obstáculos y trece meses después, en marzo de 1982, se dio por terminada la recogida de firmas, con más de 8.400 apoyos explícitos, que suponían más del 70 por ciento del censo oficial del momento. 

Contar con autosuficiencia económica.

No había dudas al respecto, aunque de la promesa formal del entonces alcalde de Málaga, Pedro Aparicio, a la Junta Pro-Autonomía, de facilitarle todos los datos económicos relacionados con Torremolinos se pasó a una cerrazón total al respecto, resultando especialmente difícil demostrar documentalmente esa autosuficiencia económica del municipio. De hecho, consciente de la imposibilidad de acreditar lo contrario, el alcalde de Málaga argumentó reiteradamente que Torremolinos era deficitario y que, por tanto, su supervivencia dependía de las aportaciones de Málaga.

Fue necesaria mucha paciencia y superar muchos inconvenientes para que los miembros de la Junta Pro-Autonomía lograrán acopiar los necesarios datos socio-económicos que probaran la importancia de Torremolinos y los ingresos que podía generar de cara a poder atender las necesidades que comportaría un autogobierno. No obstante los problemas, finalmente se elaboró un presupuesto teórico de 2.100 millones de pesetas, confirmado más tarde como viable por los técnicos de la Dirección General de Administración Local y Justicia, que valoraron la evidencia de la rigurosidad de este trabajo, corroborada además por el hecho de que el primer presupuesto del nuevo municipio ascendió a idéntica cantidad, 2.100 millones de pesetas. 

Concluido por fin el expediente jurídico demostrativo de la capacidad de Torremolinos para cumplir los requisitos legales exigidos, el documento de segregación, el más completo que jamás se había elaborado en España, con 3.500 folios, fue presentado por Antonio Tastet Díez y algunos miembros de la Junta Pro-Autonomía el 30 de abril de 1982, celebrándose ese mismo día, como apoyo al trámite administrativo, una manifestación popular por las calles de Torremolinos a la que acudieron más de 5.000 personas.

A partir de aquel momento, todo dependía del Ayuntamiento de Málaga. Si votaba a favor, el expediente tendría una rápida tramitación. En caso contrario, la Junta Pro-Autonomía se vería abocada al trámite contencioso.

Aunque el PSOE de Torremolinos se había mostrado contrario a la autonomía, eran muchos los que albergaban esperanzas de que, una vez constatado el rotundo apoyo popular al proceso de segregación, y tras haberse demostrado la capacidad económica de supervivencia de Torremolinos, el PSOE votara a favor de la independencia. Además, se tenía la esperanza de que Francisco Bóveda, que no había nacido en Torremolinos pero llevaba más de veinte años viviendo en el pueblo, como máximo responsable del PSOE en Torremolinos y también teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Málaga, influyera en sentido positivo sobre la decisión final. Pero no fue así. Al final, lo que muchos calificaron de "traición a su pueblo" se consumó el 29 de mayo de 1982, cuando Bóveda, como el resto de compañeros de partido, antepuso sus intereses personales y su estatus de concejal malagueño a los deseos del pueblo de Torremolinos, votando contra la iniciativa de independencia.

El rechazo mayoritario del Ayuntamiento de Málaga a la segregación supuso un duro revés para la Junta Pro-Autonomía y los miles de vecinos de Torremolinos que habían soñado con ver cumplido su sueño de forma casi inmediata. No obstante, en julio de 1982 se interpuso el correspondiente recurso de reposición, que fue tratado por el Pleno malagueño en sesión ordinaria del 30 de septiembre de ese mismo año. De nuevo, Francisco Bóveda y el resto de representantes socialistas se opuso a la independencia de Torremolinos, lo que, por otra parte, no representó ninguna sorpresa. Además, en dicha sesión no sólo fue rechazado el recurso sino que, a propuesta del portavoz del PSOE, se decidió el archivo del expediente y, por tanto, su no tramitación como exigía la Ley.

Se trataba, en síntesis, de llevar el proceso a "vía muerta", ya que la única posibilidad de que el expediente continuara, a través del Consejo de Ministros, obligaba a recurrir a la vía judicial y, consecuentemente, a un largo trámite de años que, probablemente, propiciaría que se disiparan las aspiraciones e ilusiones mayoritarias del pueblo de Torremolinos.

Ante tal tesitura, la Junta Pro-Autonomía decidió solicitar un informe a la Abogacía del Estado y el Ministerio de Administración Territorial, que concluyó que el expediente de segregación debía seguir su curso y no podía ser archivado.

El alcalde de Málaga, Pedro Aparicio, como el resto de sus compañeros, hizo caso omiso a tal pronunciamiento, hasta el punto de no querer siquiera entregar el acta de la sesión plenaria del 30 de septiembre, para con ello retrasar todo el proceso iniciado.

La Junta Pro-Autonomía entendió siempre que la decisión de archivar el expediente constituyó una decisión injusta a sabiendas, un hecho tipificado legalmente como delito de prevaricación, pero evitó acudir a la vía penal, en aras de seguir agotando la vía contenciosa y evitar que el trámite se eternizara.

Fueron necesarios tres meses y medio para que el 14 de enero de 1983 el Ayuntamiento de Málaga notificara finalmente su acuerdo plenario de archivo. Inmediatamente, se preparó el recurso correspondiente, presentado en febrero ante la Audiencia Territorial de Granada.

Fechas antes, la Junta Pro-Autonomía procedió a la renovación de su Junta Directiva, debido a que las obligaciones profesionales de algunos de sus miembros les impedía dedicar a la misma el tiempo suficiente, además de haberse comprobado que la co-presidencia de cinco personas decidida inicialmente resultaba excesivamente compleja a efectos de firma y representación. Por ello, se decidió la elección de un único presidente, nombramiento que, mediante votación secreta de los 28 miembros de la Junta asistentes, recayó en Pedro Fernández Montes, quien fue respaldado con 26 sufragios, mientras que José Sánchez Escaño obtuvo uno y otro voto fue emitido en blanco.

El 17 de diciembre de 1982 quedó constituida por unanimidad la nueva Junta Directiva, que quedó formada por Pedro Fernández Montes como presidente; José Ramón del Cid Santaella (Secretario); Luisa Gimilio Amate (Secretaria); Domingo Avisbal Márquez (Tesorero); Eusebio Arribas Castillo, Antonio G. Guillamón Maraver, Francisco Gómez Pérez y Juan Vallejo Martín (Contadores); Isabel Manoja Serra (Coordinadora), y los vocales Miguel Alarcón Alarcón, Salvador Alarcón Mercader, Elena Avisbal Moreno, Antonio Caffarena Martín, Francisco Campoy Carrique, Manuel Flores Cruzado, José Fernández Montes, Antonio Gómez Quesada, Francisco González Leal, Angeles Guerrero de Bóveda, Ernesto López Serrano, Antonio Márquez Zaragoza, Juan Montes Pinto, Roberto Olarra Pappalardo, Antonio Pedraza Pérez, Manuel Rascón Medina, Francisco Rivera Márquez, Francisco Romero Avila y Francisco Troncoso Rueda.

Con la situación en punto muerto, la Junta Pro-Autonomía, como miles de ciudadanos, se dispusieron a esperar el desarrollo de los acontecimientos pero, en contra de lo que algunos deseaban y suponían, no cundió el desánimo y, ante la larga espera que se sospechaba, se decidió multiplicar las actividades para seguir recaudando fondos y, sobre todo, mantener encendida la llama reivindicativa. Surgió entonces el boletín informativo "La Voz de Torremolinos", que se hizo eco de las fiestas, festivales infantiles, paellas populares y demás actos que se sucedían. Fue en esa misma publicación en la que el insigne malagueño y torremolinense de corazón y adopción Manolo Blasco firmó un celebrado artículo titulado "El Bacherama" en el que glosaba el abandono que sufría Torremolinos por parte del Ayuntamiento de Málaga.

Veinte meses después de haberse presentado el recurso ante la Audiencia Territorial de Granada, ésta dictó una sentencia que daba la razón a la Junta Pro-Autonomía y obligaba al Ayuntamiento de Málaga a cursar la tramitación del expediente que, en cumplimiento del trámite preceptivo, fue objeto de exposición pública en marzo de 1985 sin que se produjeran alegaciones, aunque ello no evitó que pasaran los meses sin que el alcalde, Pedro Aparicio, cumpliera el paso siguiente de llevar el mismo nuevamente al Pleno municipal. Era, pues, un nuevo bloqueo del proceso.

La indignación popular fue en aumento en Torremolinos. La Junta Pro-Autonomía, evitando la iniciativa jurídica que prolongaría extraordinariamente en el tiempo el trámite de expediente, optó entonces por propiciar una movilización ciudadana capaz de demostrar a los dirigentes socialistas el verdadero poder del movimiento y su firme resolución de perseverar en sus fines.

En septiembre de 1986 el pueblo de Torremolinos se echó a la calle y, ante miles de vecinos, Pedro Fernández Montes leyó un duro comunicado exigiendo el cumplimiento de la Ley y advirtiendo que la paciencia del pueblo de Torremolinos, que hasta entonces había dado un ejemplo de civismo, tenía un límite y en ningún caso permanecería pasivo ante el evidente secuestro de su voluntad del que estaban siendo autores Pedro Aparicio y Francisco Bóveda.

Por fin, en noviembre de 1986, después de un nuevo retraso de dos años, el asunto fue llevado a Pleno en el Ayuntamiento de Málaga, donde el responsable del PSOE de Torremolinos, junto con los demás compañeros de su partido en la capital, volvieron a votar contra la independencia de Torremolinos. Además, en esta ocasión el voto contrario también se produjo por parte de otro concejal nacido en Torremolinos, Miguel Escalona Quesada, quien, como Böveda, justificó su posición afirmando que el respaldo recibido por su partido en Torremolinos se correspondía con las personas contrarias al proceso de segregación.

No era así. Salvo contadas excepciones, los vecinos de Torremolinos, al margen de inclinaciones políticas, estaban en su inmensa mayoría por la autonomía, y es por ello que muchos consideraron a Francisco Bóbeda y Miguel Escalona "traidores", dándose la paradoja de que éste último fue precisamente el más beneficiado de lo que jamás quiso ni defendió, ya que, merced a una coalición, acabó siendo presidente de la Gestora que administró Torremolinos a partir de su recuperada independencia administrativa.

Efectivamente, aunque en 1991 el PSOE obtuvo muchos menos votos que el Partido Popular, liderado por Pedro Fernández Montes, un acuerdo de coalición con IU permitió a Miguel Escalona convertirse en el primer alcalde electo del nuevo municipio de Torremolinos.

Después del nuevo acuerdo del Ayuntamiento de Málaga contrario a la independencia de Torremolinos aún pasarían cuatro años hasta que el expediente, nuevamente retenido, fuera remitido a las instancias correspondientes. En ese período, además, se produjo el hecho importante de que las competencias para decidir la segregación que ostentaba el Consejo de Ministros fueron traspasadas al Consejo de Gobierno da la Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, tan reiteradamente opuesto a la independencia. Creció por ello la inquietud de los torremolinenses, sobre todo tras conocerse que el expediente remitido por Málaga fue acompañado de un informe económico, que aclaraba el retraso de la tramitación, cuya principal finalidad era demostrar que Torremolinos no cumplía el requisito de autosuficiencia económica, lo que ofrecía a la Junta de Andalucía un argumento legal suficiente para confirmar la no procedencia de la concesión de la independencia.

Por si fuera poco, el alcalde de Málaga, Pedro Aparicio, y el teniente alcalde de Torremolinos, Francisco Bóveda, no cesaron de realizar pronunciamientos públicos en los que aseguraba que Málaga recaudaba de Torremolinos unos 600 millones de pesetas, mientras que gastaba mucho más. Fue, sin duda, una postura que pocos creyeron, sobre todo por la contradicción que suponía pretender retener a toda costa, frente a la reivindicación popular y contra la Ley, lo que, según sus palabras, resultaba una carga económica muy importante.

Cuando por fin la Junta Pro-Autonomía tuvo acceso al referido informe, sólo tardó veinte días en rebatirlo y ridiculizarlo hasta extremos insospechados. Como ejemplo, se aportó una copia de pago de una sola licencia de obras facilitada por un constructor cuyo montante doblaba ya la cantidad que el Ayuntamiento de Málaga afirmaba recaudar en todo un año. Además, entre otras muchas pruebas, quedó acreditado que los ingresos por Contribución Urbana en Torremolinos ascendían a casi el doble de lo señalado en el controvertido expediente económico.

Se sucedieron los viajes a Sevilla del presidente de la Junta Pro-Autonomía, acompañado por el abogado Antonio Tastet y la coordinadora Isabel Manoja, a fin de entrevistarse con técnicos de la Junta de Andalucía quienes, justo es reconocerlo, demostraron profesionalidad y asepsia ante la grotesca farsa urdida por el Ayuntamiento de Málaga, frente a la cual se ofrecía la irrefutabilidad de los datos que aportaba la Junta Pro-Autonomía. Así, en diciembre de 1986 fue informado favorablemente el expediente de segregación, lo cual no suponía, en absoluto, el triunfo en la interminable batalla jurídico-administrativa.

Tocaba entonces esperar la decisión política final de la Junta de Andalucía, una resolución que no podía ser contraria al diagnóstico técnico pero que resultaba compleja en el ámbito político, teniendo en cuenta que el PSOE gobernaba en Sevilla, Málaga y Torremolinos.

Atender el dictamen de los técnicos suponía, seguro, propiciar un duro enfrentamiento entre el PSOE regional y el malagueño, abocando además a consecuencias jurídicas y políticas de hondo calado. Por ello, la Junta de Andalucía optó por "dormir" el asunto, aparcando cualquier decisión, mientras que la Junta Pro-Autonomía se daba un plazo de dos meses para emprender nuevas acciones reivindicativas.

Se cumplió dicho plazo y, en una resolución osada y valiente, se decidió convocar una huelga general para el 24 de marzo de 1986.

El apoyo del pueblo fue total. Desde primeras horas, pese a que el paro se convocó desde las once, el pueblo entero se paralizó, incluidos los hoteles, que fijaron unos servicios mínimos. Fue una jornada con amplia repercusión mediática no sólo en España sino también fuera de nuestras fronteras y la magnitud y decisión de la protesta obligó a la Junta de Andalucía a prometer que "en dos o tres meses como máximo", el expediente de segregación sería remitido al Consejo de Estado, a fin de que éste redactara un informe de carácter preceptivo, aunque no vinculante. Era el último trámite previo a la decisión definitiva.

El 24 de abril de 1987 el concejal del Partido Popular en Málaga Ildefonso Arenas presentó una moción que requería la revocación del acuerdo del Ayuntamiento de la capital que denegaba la segregación de Torremolinos y el pronunciamiento favorable a la misma ante la Junta de Andalucía. Frente a tal iniciativa, Francisco Bóveda (PSOE) justificó la oposición socialista a la independencia alabando el funcionamiento de la Junta de Distrito de Torremolinos como cauce eficaz para resolver los problemas y defendiendo una vez más la correcta administración de los intereses de Torremolinos y la no necesidad de la segregación. De nuevo, Pedro Aparicio, Francisco Bóveda, Miguel Escalona, junto con los catorce concejales socialistas más, votaron contra Torremolinos y rechazaron la moción.

Siguió pasando el tiempo de forma inexorable sin que la Junta de Andalucía cumpliera su compromiso y plazo anunciado. Mientras, en Torremolinos crecía la indignación, hasta el punto de que algunos propugnaban ya "medidas más radicales", pese al ejemplar comportamiento cívico mantenido en los años precedentes.

La Junta Pro-Autonomía temía entonces, dado el estado de ánimo general, que cualquier convocatoria multitudinaria derivase en incidentes por acción de ilegales o incontrolados, cuya actuación acarrearía responsabilidades y, sin duda, consecuencias peligrosos y serio riesgo de paralización definitiva del proceso. No obstante, como persistía el "silencio" de la Junta de Andalucía, pese a los sucesivos requerimientos al consejero de Gobernación, Enrique Linde, tras mucho sopesarlo, y viendo incontenible la crispación popular, se decidió convocar una manifestación para el 10 de septiembre, no sin acompañar la misma de una llamada explícita del presidente de la Junta Pro-Autonomía, Pedro Fernández Montes, a la tranquilidad y a la protesta pacífica.

Por fortuna, este llamamiento fue atendido unánimemente. La manifestación fue de nuevo un ejemplo de civismo, aunque concluida la misma muchos se preguntaban cuánto tiempo podría mantenerse la calma y reprimir los deseos de una minoría de endurecer las acciones, algo a lo que reiteradamente se opuso con rotundidad la Junta Directiva, que apostaba nuevamente por la confianza en el Estado de Derecho.

Sea como fuere, Pedro Fernández Montes se dirigió por escrito al entonces presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, para explicarle las graves consecuencias que podrían derivarse de prolongarse la pasividad del gobierno autonómico en este asunto, instándole a que cumpliera el último trámite pendiente: la remisión del expediente al Consejo de Estado.

El viernes 11 de diciembre, el consejero hizo pública por fin la decisión de la Junta de Andalucía, que asumía prácticamente todas las tesis del movimiento de segregación, hasta que el octubre de 1987 se conocía también el dictamen favorable del Consejo de Estado, el cual instaba a la Junta de Andalucía a aprobar definitivamente la independencia municipal de Torremolinos.

Aún así, la Junta de Andalucía no encontraba el momento político oportuno para hacer pública tan importante decisión, lo que llegó incluso a motivar que la Junta Pro-Autonomía se marcara la iniciativa probablemente más osada y ambiciosa de su existencia: la convocatoria de una manifestación ante la misma sede de la Consejería de Gobernación, en Sevilla.

La complejidad de la logística, que pretendía el traslado a la capital andaluza de más de cinco mil personas, suponía un reto para la Junta Pro-Autonomía, que asumió sin recato, consciente del rotundo respaldo popular a su lucha.

El 25 de noviembre se hizo pública la convocatoria, que anunciaba la concentración para el 15 de diciembre de ese mismo año, 1987, y que fue acogida de inmediato con un entusiasmo imprevisible, hasta el punto de cubrirse en pocas fechas las plazas previstas inicialmente, correspondientes a 80 autobuses contratados.

Los vecinos de Torremolinos, indudablemente, parecían percibir en su mayoría que este acto iba a ser decisivo de cara a la adopción por parte de la Junta de Andalucía de una postura definitiva sobre la independencia, sobre todo a raíz de la petición del mismísimo consejero de Gobernación, Enrique Linde, de entrevistarse, dos días después, el 10 de diciembre, en Torremolinos, con el presidente de la Junta Pro-Autonomía, Pedro Fernández Montes.

El escenario de este importante encuentro fue el Molino de la Torre y en el mismo el consejero Enrique Linde adelantó ya la decisión del gobierno autonómico de dar "luz verde" a la segregación de Torremolinos, por lo que reclamaba la suspensión de la anunciada manifestación en Sevilla, informando que la noticia sería dada a conocer al día siguiente, de tal manera que Torremolinos accedería oficialmente a su independencia en junio del año siguiente.

Los miembros de la Junta Pro-Autonomía, además de mostrar su satisfacción por la noticia, explicaron a su interlocutor la imposibilidad, dada su cercanía en el tiempo, de suspender la convocatoria, aunque le expresaron que, frente al espíritu reivindicativo que la propició, la misma tendría ahora otro tono distinto, de testimonio de la voluntad inquebrantable de los torremolinenses de ver cumplido finalmente su sueño autonómico.

El fortísimo aguacero que marcó en lo meteorológico la jornada del 15 de diciembre de 1987 no fue óbice para que, desde las seis de la mañana, miles de ciudadanos empezaran a ocupar sus plazas en los autobuses previstos, que emprendieron viaje a Sevilla, junto a centenares de vehículos privados, a las 8 de la mañana, mientras la jornada paralizaba también todo el municipio, ya que el comercio y quienes no pudieron desplazarse quisieron también mostrar su solidaridad con al marcha.

Más de 7.000 personas, muy por encima de las 5.000 previstas inicialmente y prácticamente la tercera parte de la población total de Torremolinos en aquel momento, vivieron con ilusión e impaciencia un viaje histórico que está ya inscrito como uno de los momentos más decisivos y emotivos de todo el proceso por la independencia.

Bien entrada la tarde, cuando aún persistía la lluvia incesante durante toda la jornada, la multitudinaria caravana era recibida con alegría en Torremolinos, que permaneció durante todo el día poco menos que como una "ciudad fantasma", con comercios y bares cerrados y toda actividad prácticamente paralizada.

El orden y el civismo marcaron la concentración en Sevilla, donde un vehículo con megafonía solicitaba las disculpas de los vecinos de la capital y explicaba las razones de la movilización. Ni un solo incidente empañó el ejemplo cívico ofrecido por los torremolinenses.

A partir de entonces, sólo cabía ya esperar la calma de los ánimos y ver culminado un sueño al que de manera injusta, contumaz y hartera se habían venido oponiendo los resortes del poder socialista en Madrid, Sevilla y Málaga, no sólo ya frente a los propios vecinos de Torremolinos sino contradiciendo también la postura mayoritaria de los ciudadanos malagueños, que comprendieron la justicia de la reivindicación.

Comenzaron entonces a producirse situaciones y posturas personales, no alejadas de intrigas e intoxicaciones de toda naturaleza, que pretendían a la postre desvirtuar el proceso vivido, hasta el punto de que muchos de los que durante años se manifestaron y actuaron radicalmente en contra de la segregación de Torremolinos, se proclamaban ahora defensores de la autonomía "de toda la vida".

Las maniobras llegaron al límite de propiciar que algún miembro de la Junta Pro-Autonomía propusiera la inmediata dimisión del presidente, Pedro Fernández Montes, arguyendo que ello favorecería la consumación de la independencia con mayor rapidez. Quien así se condujo, probablemente de buena fe pero indudablemente influenciado, acabó más tarde reconociendo su error, poniendo una vez más de manifiesto el auténtico "baile" de comportamientos protagonizado por algunos personajes del momento.

El 11 de abril de 1988 Pedro Fernández Montes se entrevistó con el director general de Administración Local y Justicia, José Antonio Saínz Pardo, quien le informó de que el expediente de segregación de Torremolinos estaba totalmente culminado y ya sólo pendiente de que el presidente de la Junta de Andalucía, José Rodríguez de la Borbolla, firmara el documento, un trámite previsto para el viernes 15 o, a más tardar, el lunes siguiente, día 18.

No fue así. El último "detalle" del proceso seguía demorándose. El 19 de mayo Torremolinos se conmovió al conocerse que el corazón de Isabel Manoja había dejado de latir. Desde su puesto en la Junta-Pro Autonomía, con su alegría y entusiasmo, esta mujer joven había sabido aunar voluntades y demostrar un gran cariño por Torremolinos durante nueve largos e intensos años de reivindicación. Su entierro constituyó una auténtica expresión de gratitud y respeto de todo el pueblo de Torremolinos, que acompañó el féretro hasta la última morada de esta gran luchadora, el cementerio de San Miguel, donde descansa quien aún hoy está muy presente en la memoria del municipio y quien cuenta con el justo reconocimiento público a su labor en el busto de bronce que preside la Avenida Isabel Manoja.

El 9 de julio de 1988, en contacto con el departamento jurídico de la Junta de Andalucía, se confirma una vez más que el expediente está culminado y se conoce que la firma del mismo está prevista para el día 26 de ese mismo mes, fecha de la última reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía antes del inicio de las vacaciones estivales.

Una vez más, todo quedó en previsión. Sería necesario que transcurriera todo el mes de agosto para que, ya a finales de septiembre, concretamente el martes 27, tuviera lugar el anhelado formulismo.

A las nueve de la mañana de esa fecha histórica, el presidente de la Junta Pró-Autonomía, Pedro Fernández Montes, recibe una llamada telefónica en su domicilio del director general Saínz Pardo, quien le informa de que el expediente está ya sobre la mesa del Consejo de Gobierno para su aprobación esa misma mañana.

¡Por fin la Autonomía! ¡Por fin la independencia! ¡Por fin, tras 64 años de espera, Torremolinos recupera su municipalidad!

Fue el día soñado por todos. A las dos y media de la tarde Canal Sur daba cuenta de la noticia y, a partir de ese momento, el júbilo inundó las calles y plazas de Torremolinos. El "ya somos catetos", ajeno al tradicional sentido peyorativo de la expresión, se convirtió en la proclama más repetida y celebrada en lo que fue una auténtica locura colectiva.

El 11 de octubre de 1988, en un emotivo discurso, Pedro Fernández Montes proclamaba su agradecimiento al pueblo de Torremolinos por una larga lucha ejemplar de civismo y perseverancia, anunciando su decisión de no formar parte, como podía hacer si lo deseaba, de la nueva Gestora que, a partir de entonces, llevaría las riendas del destino del nuevo Torremolinos independiente.